A la huelga que vienen manteniendo, desde hace ya demasiado tiempo, los funcionarios de justicia, no transferidos, no se le aprecian visos de llegar a su fin.
Comprendo las reivindicaciones de los funcionarios, porque desempeñando el mismo trabajo no es justo ni razonable que el salario esté en función de la Comunidad Autónoma en que uno se encuentre.
Pero también son justas y razonables las quejas de los usuarios, que de alguna manera somos rehenes de los huelguistas, siendo ya la justicia lenta ahora que vamos a decir; el caos y atrasos que se están produciendo dicen que no son ni imaginables.
Mi pregunta es: ¿ Esta situación se daría en una empresa privada?
Parece urgente y muy necesario revisar la ley de huelga y de servicios mínimos, pero da la impresión que , ni los gobiernos de turno ni los sindicatos tienen interés en ello.
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